Juzgado Penal Malaga

Julio 15th, 2012 por admin

MALAGA ABOGADO PENAL ASISTENCIA DETENIDO JUZGADO GUARDIA LLAME TFNO 609610197 Las caras denotan cansancio y hastío. Las continuas podas a sus sueldos minan su moral y el desánimo se hace dueño absoluto de los 14 juzgados de lo Penal de la capital. Málaga es ya, según comenta un togado, «el peor partido judicial del país tras Tenerife en volumen de asuntos». Y lo peor, que las sentencias sin ejecutar continúan ganando terreno sin que nadie haga nada con la callada complicidad de la crisis: en los órganos penales hay más de 20.000, una cifra mucho mayor que la registrada en 2009, cuando Santiago del Valle mató a la niña onubense Mari Luz Cortés porque estaba en la calle en lugar de en la cárcel. Una sentencia sin ejecutar por abusos permitió que cometiera su fechoría.

Aquello se saldó con una multa al juez y otra a la secretaria del órgano; la opinión pública cargó tintas contra los togados, pero nadie habló de la sobrecarga de trabajo que soportaban los funcionarios encargados de hacer ejecutar esos fallos judiciales. En Málaga, cada tramitador tiene de media unos 500 expedientes. En un juzgado, se rozan las 2.000, y la cifra global supera ampliamente las 20.000, aunque se trata de una estimación a la espera de que se conozca la conclusión de una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a algunas de las oficinas penales: «Se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron el volumen de sentencias sin ejecutar».

«Lo de Mari Luz puede pasar cada día, este volumen de trabajo es inasumible», explica una fuente judicial consultada conocedora del asunto.
Adriano Moreno, líder de SPJ-USO, es contundente: «Es un problema estructural, hay más de 20.000 ejecutorias y lo que debe hacerse es cumplir las recomendaciones del consejo: dos funcionarios más por juzgado –de ocho a diez–, más órganos –cuatro más– y planes de refuerzo ya». «La Junta y el ministerio hacen caso omiso. Esto era insostenible hace cuatro años, pero es triste que tenga que suceder un hecho dramático para que tomen medidas. Llueve sobre mojado», precisó.

De la misma opinión es Juan Antonio Luque, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ): «Es insostenible, nadie quiere ponerle coto a esto, además del trabajo que tienen, y de la responsabilidad que acarrea, les bajan el sueldo y les imposibilitan trabajar por la tarde para acabar con esto».

Aún queda por conocer cuál será la propuesta del consejo. Se habla de que serían necesarios treinta funcionarios ejecutando en una medida de refuerzo común para sacar el papel a medio plazo. Hay juicios señalados para 2013 y 2014, periodo al que hay que sumar el año o año y medio que tarda en ser ejecutado un fallo. «Los políticos culparán a los trabajadores cuando suceda otro caso Mari Luz, pero muchos sufren una gran presión que no pueden separar de su vida personal», asegura.

Siete de cada diez sentencias que han de ejecutar los penales provienen de los pueblos (juicios rápidos o conformidades). Y de éstos, la gran mayoría se refiere a fallos contra la seguridad vial (alcoholemias y conducción sin carné). En concreto, el 60%. Algunas corrientes abogan por despenalizar ciertas conductas, lo que apoyan los afectados: «Claro que habría que hacerlo».

«Llegamos al juzgado a las siete o siete y media y nos vamos a las tres y media; los expedientes se apilan en cada esquina, no podemos sacar tanto papel. El magistrado del juzgado ha puesto ya 320 sentencias en sólo seis meses», se queja una persona que conoce bien el asunto.
Carmen Cuenca, de CCOO, se extraña de que el consejo y la Junta se lleven las manos a la cabeza, «porque ya saben cómo estaba aquí la situación con las ejecutorias». Algunos juzgados tienen poco más de mil, pero son los menos, la situación de caos está generalizada. Y tienen miedo de que la opinión pública ataque al eslabón débil de la cadena más que a la falta de medios. «Si yo me fuera a la peluquería y a El Corte Inglés después podría entenderlo, pero pasamos aquí todo el día para meter esto en cintura. Es imposible», recalca.

Otro problema es la inestabilidad laboral, dado que la plantilla en los penales rota continuamente pues los funcionarios prefieren puestos más estables.


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